Por Ernesto Avilés Mercado
CHIHUAHUA CHIH.- En los últimos tiempos hemos sido testigos de una preocupante tendencia en la vida pública mexicana: personajes con “piel muy delgada” que reaccionan con extrema sensibilidad a la crítica. Esta situación, lejos de ser aislada, está proliferando y se manifiesta de diversas formas, incluyendo acciones legales y modificaciones legislativas que realmente amenazan la libertad de expresión.
Tras ser confrontado públicamente en un aeropuerto, Gerardo Fernández Noroña utilizó recursos del Senado para obligar a un ciudadano a disculparse públicamente, evidenciando una intolerancia a la crítica directa.
Una ciudadana sugirió en un tuit que la candidatura de María Karina Barrera, diputada sonorense del PT, se debía a la influencia política de su esposo. El Tribunal Electoral no lo consideró una opinión política, sino “violencia política de género”, multando y obligando a la ciudadana a disculparse por un mes, diariamente. Este caso sienta un precedente preocupante al criminalizar opiniones políticas.
La ex candidata a ministra Dora Alicia Martínez denunció a la actriz Laisha Wilkins por simplemente citar un encabezado periodístico que la llamaba “Dora, la Censuradora” y añadir un “jaja”. Esto demuestra una hipersensibilidad extrema, incluso a la ironía o a la burla ligera.
Se aprobó una reforma al Código Penal del estado de Puebla que tipifica el delito de ciberacoso, con penas de prisión para quienes “injurien, ofendan o agravien” a otros en línea. La ambigüedad de esta ley ha sido interpretada como un intento de censurar opiniones críticas contra funcionarios estatales.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, demandó por difamación, calumnia y violencia política de género al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna. Las consecuencias han sido alarmantes: una jueza lo vinculó a proceso, le prohibió ejercer el periodismo por dos años y ordenó el cierre de la plataforma digital del diario. Además, fue condenado a pagar dos millones de pesos en otro juicio. Este caso representa un ataque directo y contundente contra la libertad de prensa.
Aquí en Chihuahua, la magistrada Adela Jiménez dio una cátedra jurídica sobre la interpretación del delito de violencia política desde su lugar en el TEE. Sus razonamientos no coinciden con lo que se había manejado por parte de quienes conocieron las vicisitudes del caso de las expresiones del regidor contra la síndica; sin embargo, dejó en claro que en política suceden muchas cosas que no necesariamente caben dentro de las hipótesis del delito.
Militarización del país
Por otra parte, dentro de lo más importante de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, aprobada por la Cámara de Diputados y en análisis por la de Senadores, se establece que la GN se integra plenamente a la SEDENA, eliminando su carácter civil original. El comandante de la Guardia Nacional será propuesto por SEDENA; tendrán facultades para realizar operaciones encubiertas y usar perfiles simulados en internet, además de monitorear y vigilar todas las redes sociales. También están facultados para intervenir comunicaciones y geolocalizar en tiempo real a cualquier persona.
Se permite que los miembros de la Guardia Nacional puedan contender por cargos de elección popular o desempeñarse como funcionarios públicos civiles, teniendo además la facultad de generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional.
En términos generales, se restringe cada vez más la libertad personal; se le otorgan a los militares las llaves de las casas, vidas y negocios de todos los habitantes del país: así de claro.
Jueces y magistrados con las puertas abiertas;
fiscal limita y niega acceso a los denunciantes
Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, titular de la Fiscalía Zona Centro, puso en operación un sistema que busca eficientar el trabajo de los Ministerios Públicos, eliminando por completo la posibilidad de que cualquier persona pueda visitar o consultar personalmente, en el momento, al representante social que lleva su denuncia o algún asunto donde esté involucrado. Se les otorga un número telefónico, donde una persona denominada “consultora” le asigna una cita con el MP requerido, y por el mismo conducto (WhatsApp) le avisa la fecha y la hora en que lo recibirá.
De entrada, suena bien, pero los inconvenientes han surgido porque estos mismos Ministerios Públicos no saben en qué momento el tribunal les asigna audiencias solicitadas, y desafortunadamente, estas coinciden con las citas ya establecidas, las cuales deben reagendar. Además, cuando se tiene la suerte de que lo reciban, en algunos casos el MP no recuerda el avance de la carpeta y vuelve a dar una nueva cita para poder analizarla y dar una respuesta.
No se duda que eventualmente este sistema pueda ser mejorado y tal vez logre realmente eficientar el servicio que se presta.
¿Pero qué pasa con los asuntos que se llevan en el despacho particular del fiscal Heliodoro Araiza Reyes? Esos no hacen citas; van directamente con el coordinador o coordinadora correspondiente y son atendidos de inmediato. Esto ya se vivió con Francisco Martínez Valle, quien también tenía despacho, pero ahora es superado ampliamente por Heliodoro.
Para muchos universitarios que pensábamos que el maestro Heliodoro pudiera haber sido uno de los mejores aspirantes para integrarse al Poder Judicial como magistrado —merced a su trayectoria como docente y hasta rector de la UACH— siempre nos quedó la duda de por qué no se había inscrito. Pero cuando se advierte que el fiscal general, César Jáuregui Moreno, está más preocupado por su carrera política que por su actividad como fiscal, se concluye que la permanencia de Heliodoro Araiza en la Fiscalía Zona Centro es, presuntamente, para sucederlo en la Fiscalía General del Estado, donde sin duda los mejores asuntos a nivel estatal quedarían asegurados para su despacho particular.
Sin duda, con su trayectoria y capacidad, estoy seguro de que daría un buen resultado. Maneja bien la docencia, tiene personal a su cargo muy institucional y eficiente, y se maneja bien en medios. Su nivel de credibilidad está muy por encima de lo normal, aunque en sus resultados se advierte deficiencia.
Ser fiscal de zona es un cargo importante dentro del esquema de procuración de justicia; cuando se es litigante en materia penal con despacho particular, se tiene que trabajar arduamente para que los asuntos avancen. Pero cuando se combinan ambas responsabilidades, se presenta la verdadera bonanza para el despacho, porque se tiene la facultad de ordenar que los asuntos de mayor cuantía se litigan desde las oficinas particulares del fiscal, mientras que el resto de los litigantes continúan sacando citas por WhatsApp.
ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH
