- Más de 150 mil personas desaparecidas en México
Por José Luis JÁQUEZ BALDERRAMA
CHIHUAHUA CHIH.- De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, apoyado por la Comisión Nacional de Búsqueda, y que incluye datos de las fiscalías y de las comisiones de búsqueda, a finales del 2024, se habían denunciado más de 150 mil casos de personas desaparecidas sin resolver, esto desde 1964. Terrible situación.
Pero, hay que considerar que las familias no denuncian todos los casos y la poca fiabilidad de las bases de datos de las autoridades, es probable que la cifra real sea muy superior. No olvidar que los gobiernos tratan a toda costa minimizar las cifras, creyendo que con eso resuelven la crisis de violencia.
Los casos sin resolver incluyen a víctimas de represión política, de violencia más acentuada por el narcotráfico desde la adopción de las estrategia de seguridad en 2006 a la fecha.
En el Registro Nacional, más del 87 % de los casos activos se consideran desapariciones forzadas o cometidas por la delincuencia.
De los 32 estados de México, seis (Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León y Puebla) concentran el 51 % de los desaparecidos. Y en todos manda la impunidad.
La Comisión Nacional de Búsqueda, tiene en sus informes, que desde 2006, se habían localizado al menos 4839 fosas clandestinas, de las que se habían exhumado 8 278 cadáveres. Según el gobierno, de todos ellos se han identificado 1136 cuerpos y 1019 se han devuelto a sus familiares. No se encuentra en la lista el rancho del Izaguirre, conocido como “el campo de exterminio”.
Según el Movimiento por Nuestros Familiares Desaparecidos en México, hay 52 000 restos humanos aún sin identificar, y esta cifra no incluye los fragmentos óseos recuperados de los lugares de ejecución.
El secuestro de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014, hizo que la atención mundial se centrará en la crisis de las personas desaparecidas en México. Y ahora la atención se centra en la finca Teuchitlán, Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores publicó en sus redes sociales crudas imágenes que retratan sus hallazgos dentro de la propiedad. Son más de mil 300 prendas de vestir y restos óseos.
Hace un par de días que la Fiscalía General de la República “limpio” la escena del crimen, un acto ampliamente condenado por la sociedad y grupos de madres buscadoras.
El caso de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y ahora el rancho del terror de Teuchitlán, revela la estrecha cooperación entre autoridades y bandas de crimen organizado. Aparecen sin resolver.
El rancho fue hallado por los activistas tras una llamada anónima, pero ha sido controlado por las autoridades, que como suele ocurrir en este tipo de tragedias, prometen llegar “hasta las últimas consecuencias”.
La Fiscalía de Jalisco reveló que ha localizado seis fosas comunes en donde se encontraron restos de huesos humanos, además de 500 ‘indicios’ de restos humanos. Además de centenares de zapatos, cráneos calcinados, casquillos de bala y cartas de despedida. Son parte de los terroríficos descubrimientos que han llamado poderosamente la atención mundial.
Las autoridades locales tenían conocimiento de la existencia del rancho desde el año pasado. La Guardia Nacional identificó y aseguró el predio durante un operativo en septiembre de 2024 y 10 personas fueron detenidas. No hay una explicación a la sociedad sobre el abandono de las investigaciones.
Las historias en torno a los objetos encontrados en el Rancho Izaguirre también son lamentablemente el testimonio de la triste realidad del reclutamiento forzado en México, un fenómeno que ha crecido en todo el país en los últimos años y que representa uno de los mayores miedos entre la juventud mexicana.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en varias de sus visitas a México, instó a las autoridades mexicanas a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación y remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada, sobre todo por la corrupción.
De igual manera, atender la crisis forense; facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección. ¿Hasta cuándo?.
