Por Ernesto Aviles
La reforma electoral presentada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum ante el Congreso, es una iniciativa amplia, profunda y que configura prácticamente todo el sistema electoral mexicano.
La propuesta se articula en diez grandes cambios.
Primero, lo que tiene que ver con la integración del congreso, ya que se mantienen los 500 diputados, pero cambia la forma de elegirlos: 300 seguirán siendo de mayoría relativa, y los otros 200 se asignaron bajo una nueva fórmula que incluye a los llamados “mejores perdedores”, listas por circunscripción y ocho curules para mexicanos en el extranjero. En el Senado, el número total se reduce a 96 integrantes.
Segundo, reducción del gasto electoral. Se plantea recortar 25% del costo total de las elecciones, disminuir el financiamiento a los partidos y ajustar los sueldos de los altos mandos electorales. También se propone reducir el número de regidores en los municipios.
Tercero, la desaparición de los OPLES, los organismos electorales estatales. Todas sus funciones pasarían al INE, que se convertiría en un árbitro totalmente centralizado.
Cuarto, la eliminación del PREP, el sistema de resultados preliminares que conocemos desde hace más de dos décadas. El cómputo quedaría exclusivamente en manos del Estado.
Quinto, la apertura al voto electrónico, un tema que divide opiniones por sus ventajas tecnológicas, pero también por los riesgos de seguridad y confianza.
Sexto, una nueva fórmula de representación, que según especialistas podría permitir que un partido con alrededor del 40% de los votos alcance hasta el 70% de los escaños. Este punto ha encendido el debate acerca de la sobrerrepresentación.
Séptimo, la eliminación de la reelección inmediata para legisladores y autoridades municipales, y la prohibición de que familiares directos puedan sucederse en el cargo.
Octavo, límites temporales: varios de estos cambios tendrán vigencia hasta el año 2030.
Noveno, la recentralización del proceso electoral. Exconsejeros del INE han advertido que esta reforma podría significar el fin de la ciudadanía lograda desde los años noventa, devolviendo al Estado la organización, el conteo y la validación de las elecciones.
Y décimo, el rediseño del financiamiento político, con mayores controles y menos recursos públicos.
Hasta aquí, el contenido. Pero la otra pregunta es: ¿qué posibilidades tiene de aprobarse?
La reforma requiere mayoría calificada. Y aunque la oposición ha anunciado su voto en contra, la correlación de fuerzas cambió hoy con una noticia relevante: el Partido del Trabajo recibirá 828 millones de pesos para los CENDIS, sus centros de desarrollo infantil. Analistas interpretan este movimiento como una señal de alineamiento político que podría asegurar los votos necesarios para que la reforma avance sin modificarla.
En resumen: estamos frente a una iniciativa que no solo ajusta reglas, sino que redibuja el sistema electoral mexicano. Para algunos, moderniza y reduce costos. Para otros, concentra poder y debilita contrapesos. Lo cierto es que, si se aprueba tal como fue enviada, cambiará la manera en que votamos, cómo se cuentan los votos y cómo se distribuye el poder político en el país.
Mientras tanto, la falta de liderazgos políticos en los partidos de oposición, los mantiene como espectadores y no como protagonistas como debería ser en un ambiente democrático; ojala y los debates que se presenten en la cámara impidan el regreso del centralismo y se mantenga la ciudadanización de los procesos…ojala
