Ocho de cada diez periodistas de la Ciudad de México han sufrido discursos de odio, según una advertencia de la investigadora Mireya Márquez Ramírez difundida por la Universidad Iberoamericana.
El dato pone atención sobre una forma de violencia que no siempre deja lesiones visibles, pero que puede desalentar investigaciones, reducir la participación pública y preparar el terreno para agresiones más graves.
La violencia contra la prensa en México ya no puede evaluarse únicamente mediante homicidios, secuestros y ataques físicos. También incluye intimidación judicial, campañas de estigmatización, acoso coordinado, amenazas digitales y mensajes dirigidos contra la identidad de quienes informan.
La advertencia fue recogida por el periodista Luis Reyes en una nota de IBERO Prensa publicada el 28 de agosto de 2026.
Qué sabemos sobre la cifra del 80%
La nota institucional atribuye a Márquez Ramírez la afirmación de que ocho de cada diez periodistas de la Ciudad de México han sufrido discursos de odio.
El comunicado no incluye una ficha técnica específica para ese porcentaje: no detalla en el mismo texto la pregunta aplicada, el periodo de referencia ni el número de personas utilizado para calcularlo.
La publicación enlaza como lectura complementaria el artículo académico Contextos organizacionales de la violencia contra la prensa: estudio comparativo de la recurrencia de agresiones a periodistas en México, publicado en 2025.
Ese estudio aporta contexto metodológico importante, aunque su PDF no presenta literalmente la cifra de “ocho de cada diez”.
Por ello, el 80% debe citarse como una declaración de la especialista difundida por la IBERO, no como un cálculo independiente obtenido del artículo académico.
Una encuesta a 443 periodistas
La investigación académica fue desarrollada por Mireya Márquez-Ramírez, Gabriela Salazar Rebolledo, Rubén Arnoldo González Macías, Josefina Buxadé, Frida V. Rodelo Amezcua, Celia del Palacio Montiel, Armando Gutiérrez Ortega y Martín Echeverría Victoria.
El equipo aplicó en México la encuesta internacional Worlds of Journalism entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022.
Ante la ausencia de un directorio completo y actualizado de medios y periodistas, las personas investigadoras construyeron su propio marco muestral.
Consideraron seis regiones del país, distintos niveles de influencia, tipos de propiedad y soportes como televisión, radio, prensa escrita y medios digitales.
La encuesta finalizó con:
- 443 periodistas entrevistados;
- una tasa de respuesta de 55%;
- un margen de error reportado de más o menos cinco puntos;
- un nivel de confianza de 95%;
- 108 entrevistas correspondientes a Ciudad de México y su zona metropolitana.
Dieciocho tipos de agresión
La investigación no redujo la violencia a ataques letales.
Preguntó por la recurrencia de 18 formas de agresión sufridas como consecuencia del trabajo periodístico durante los cinco años anteriores.
Entre ellas aparecen:
- insultos o discursos de odio;
- descalificación pública del trabajo;
- vigilancia o espionaje;
- hackeo o bloqueo de sitios y redes;
- acciones legales;
- acecho y seguimiento insistente;
- amenazas directas;
- agresión o acoso sexual;
- coerción;
- divulgación de información personal;
- acoso laboral;
- ataques físicos, secuestros y allanamientos.
La frecuencia se midió en una escala de uno a cinco: nunca, rara vez, algunas veces, con frecuencia y muy frecuentemente.
Qué reporta el estudio para la CDMX
En la tabla regional, “insultos o discursos de odio” registra para Ciudad de México una media de 2.65 sobre cinco.
Ese promedio se ubica entre “rara vez” y “algunas veces”, más cerca de esta última opción.
La cifra muestra recurrencia, pero no permite por sí misma saber qué porcentaje respondió algo distinto de “nunca”.
Para derivar exactamente un 80% sería necesario contar con la distribución completa de respuestas o con una tabla adicional que no aparece en el PDF revisado.
Esta distinción no invalida la advertencia de la académica. Evita confundir una declaración atribuida con un resultado que el lector pueda reproducir directamente a partir del documento enlazado.
Violencia física, psicológica, digital y financiera
El estudio organiza los riesgos en dimensiones que se superponen.
La violencia física incluye golpes, detenciones, secuestros y tortura.
La dimensión psicológica abarca intimidación, amenazas, coerción, difusión de datos personales y agresiones verbales.
La violencia digital afecta cuentas, comunicaciones, archivos y capacidad de publicar.
La dimensión financiera amenaza la continuidad profesional mediante precarización, pérdida de ingresos o presiones laborales.
Un ataque puede cruzar varias dimensiones. Una campaña digital puede incluir datos privados, amenazas físicas y presión sobre el medio para despedir a la persona atacada.
El efecto inhibidor
Márquez Ramírez advierte sobre el llamado chilling effect o efecto inhibidor.
No es necesario agredir físicamente a todos los integrantes de una redacción para reducir el periodismo crítico.
Una campaña visible contra una reportera puede funcionar como advertencia para el resto del gremio.
El mensaje es sencillo: investigar ciertos asuntos, cuestionar a determinadas autoridades o publicar hallazgos tendrá un costo personal.
La autocensura puede aparecer entonces como estrategia de supervivencia.
De la descalificación al castigo colectivo
La estigmatización desde el poder puede iniciar con una descalificación pública.
Después, cuentas partidistas, seguidores o comunidades coordinadas replican el señalamiento y lo convierten en castigo colectivo.
La crítica al trabajo periodístico es legítima y necesaria. Los medios cometen errores, deben transparentarlos y están sujetos al escrutinio ciudadano.
El problema comienza cuando la respuesta deja de cuestionar hechos o métodos y busca convertir a la persona en enemiga, amenazarla, revelar sus datos o impedir que continúe trabajando.
Defender a la prensa no significa concederle inmunidad ante la crítica.
Significa preservar una diferencia básica entre exigir rendición de cuentas y organizar hostigamiento.
Los algoritmos recompensan la confrontación
Las plataformas digitales no son canales neutrales.
Sus sistemas de recomendación suelen favorecer contenidos capaces de provocar respuestas inmediatas: indignación, miedo, burla o enojo.
Una acusación simplificada puede obtener más visibilidad que una explicación documentada.
Cuando una figura de poder señala a un periodista, la arquitectura de las redes facilita que miles de usuarios reaccionen antes de revisar el trabajo cuestionado.
La agresión se fragmenta entre cuentas individuales, pero el efecto acumulado recae sobre una sola persona.
Mayor visibilidad, mayor exposición
De acuerdo con la especialista, quienes tienen presencia frecuente en televisión, redes o espacios públicos pueden convertirse en blancos recurrentes.
La visibilidad aumenta la capacidad de informar, pero también facilita la identificación, localización y personalización del ataque.
La investigación académica muestra además que el contexto organizacional importa.
No es lo mismo enfrentar una campaña con respaldo jurídico, tecnológico y psicológico de una empresa consolidada que hacerlo desde un medio pequeño o como periodista independiente.
La violencia diferenciada contra mujeres
La nota de la IBERO señala que algunos estudios no muestran necesariamente una frecuencia total mayor de discursos de odio contra mujeres periodistas.
La diferencia aparece en el contenido de los ataques.
Las mujeres pueden recibir mensajes misóginos, amenazas sexuales, comentarios sobre su apariencia y agresiones dirigidas contra su vida privada.
El artículo académico también encuentra diferencias por género en varias categorías.
En su muestra nacional, las mujeres reportaron una media mayor de agresión o acoso sexual que los hombres, mientras ellos registraron valores mayores en otras formas de ataque.
El dato no debe utilizarse para establecer una competencia de víctimas. Sirve para diseñar respuestas capaces de reconocer riesgos distintos.
Minorías y ataques contra la identidad
Periodistas pertenecientes a minorías pueden ser atacados simultáneamente por su trabajo y por su identidad.
Racismo, homofobia, transfobia, clasismo o discriminación por origen pueden combinarse con las amenazas vinculadas a una cobertura.
La agresión busca desacreditar la información mediante prejuicios contra quien la presenta.
Por eso los protocolos de seguridad no pueden tratar todos los casos como si fueran idénticos.
La precariedad aumenta el riesgo
Muchas reporteras y reporteros no deciden la línea editorial, pero reciben directamente los ataques contra el contenido publicado por una empresa.
Pueden carecer de contrato estable, representación legal, seguro, apoyo psicológico o personal especializado en seguridad digital.
Cuando el medio responde que el hostigamiento “forma parte del trabajo”, transfiere todo el riesgo a la persona más expuesta.
La responsabilidad empresarial no termina con publicar una nota. Incluye cuidar a quienes la investigan, firman, presentan y difunden.
Leyes utilizadas para intimidar
La presión también puede adoptar apariencia institucional.
Demandas, denuncias y procedimientos administrativos pueden usarse para desgastar económicamente a periodistas, obligarlos a trasladarse o mantenerlos durante meses bajo incertidumbre.
No toda acción legal contra un medio constituye censura. Las personas conservan derechos de réplica, privacidad y acceso a la justicia.
La señal de alerta aparece cuando los procesos son desproporcionados, repetitivos o buscan castigar la investigación de asuntos de interés público.
La pérdida de confianza no justifica la violencia
Márquez Ramírez también advierte sobre una caída de más de 17 puntos en la confianza social hacia los medios durante una década.
La desconfianza puede tener causas legítimas: errores sin corregir, opacidad, concentración empresarial, conflictos de interés y coberturas alejadas de las comunidades.
Los medios deben responder con transparencia, diversidad y mejores procesos editoriales.
Pero la pérdida de confianza no convierte las amenazas en crítica válida ni justifica campañas de silenciamiento.
Qué deberían hacer los medios
Las redacciones necesitan protocolos antes de que ocurra una agresión.
Entre las medidas básicas se encuentran:
- evaluar riesgos desde la planeación de cada cobertura;
- conservar evidencia de amenazas y campañas coordinadas;
- establecer rutas de emergencia y responsables claros;
- ofrecer asistencia jurídica y psicológica;
- reforzar cuentas, dispositivos y comunicaciones;
- evitar que la víctima gestione sola miles de mensajes;
- coordinar respuestas públicas sin aumentar su exposición;
- mantener respaldo económico durante una crisis;
- revisar riesgos específicos de género e identidad.
La seguridad no debe depender del prestigio o rango de la persona atacada.
Qué deberían hacer las plataformas
Las empresas tecnológicas deben ofrecer procedimientos comprensibles y rápidos para denunciar amenazas, suplantación, publicación de datos personales y acoso coordinado.
También necesitan preservar evidencia cuando una cuenta elimina contenido y permitir que las víctimas conozcan el avance de sus reportes.
Moderar amenazas no equivale a impedir el debate sobre el periodismo.
La discusión pública puede ser severa sin tolerar llamados a la violencia, divulgación de domicilios o campañas automatizadas de intimidación.
Proteger el derecho de la ciudadanía
La principal consecuencia del silenciamiento no recae únicamente sobre el gremio.
Cuando una investigación deja de realizarse, la sociedad pierde información sobre corrupción, abuso, seguridad, salud, ambiente y uso de recursos públicos.
La académica resume esa relación: proteger a un periodista es proteger el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La libertad de expresión no consiste solo en permitir que alguien hable. Requiere condiciones materiales para investigar y publicar sin que una amenaza determine de antemano qué asuntos permanecerán ocultos.
Una advertencia democrática
Las democracias no siempre se derrumban mediante una prohibición abierta.
Pueden deteriorarse gradualmente cuando las voces críticas enfrentan costos crecientes, las redacciones normalizan el acoso y la ciudadanía interpreta cada investigación como una agresión partidista.
El discurso de odio no sustituye a la violencia física, pero puede acompañarla, legitimarla o anticiparla.
Medirlo con rigor, explicar sus fuentes y responder antes de que escale son tareas de los medios, universidades, autoridades, plataformas y sociedad.
La cifra difundida por la IBERO exige atención. También exige transparencia metodológica para comprender su alcance.
Ambas cosas son compatibles: tomar en serio la violencia y, al mismo tiempo, describir con precisión qué datos tenemos.
Fuente original: Luis Reyes, “Ocho de cada 10 periodistas en la CDMX han sufrido discursos de odio, advierte especialista IBERO”, IBERO Prensa, 28 de agosto de 2026.
Investigación complementaria: Mireya Márquez-Ramírez y coautores, Contextos organizacionales de la violencia contra la prensa: estudio comparativo de la recurrencia de agresiones a periodistas en México, Comunicación y Sociedad, 2025.
Publicación compartida: Gerardo Albarrán de Alba / Sala de Prensa en X.
Imagen: cámara de televisión en estudio. Fotografía publicada por IBERO Prensa y acreditada a ARTICLE 19 México y Centroamérica.
